El malestar en la política

Isidoro Cheresky*

Es comúnmente admitido que estas elecciones presidenciales señalan el inicio de una nueva etapa y no tan sólo de un nuevo gobierno. El período de excepcionalidad que siguió al hundimiento de fines de 2001 está llegando a su fin, como los principales actores políticos lo reconocen. Pero los contornos de la normalización política e institucional que se avecina permanecen indefinidos. Y sin embargo el desafío para el ordenamiento político futuro es acuciante. El proceso electoral ha puesto de manifiesto virtualidades y carencias de la evolución política.

En los años recientes la Argentina ha cambiado como no podíamos imaginárnoslo hace unos años cuando la mirada y los pasos de los jóvenes se orientaban a las puertas de salida que conducían a la residencia en el exterior como modo de escapar a un destino de decadencia. La recuperación de la economía y de la condición social de los más desfavorecidos se hizo en el contexto de decisiones audaces, solitarias y apreciadas: la reestructuración de la deuda, la abolición de las leyes que amnistiaron o evitaron los procesos a quienes se habían amparado en el poder de Estado para cometer crímenes de lesa humanidad, y alguna elemental pero decisiva reforma institucional, como es el caso de la renovación de la Corte Suprema. Pero una vez el período de excepción pasado, por más apreciados que sean sus resultados, no puede obviarse el giro requerido: se plantean desafíos que ahora se hacen prioritarios y que incluyen rectificar prácticas políticas que estuvieron amparadas en los apremios de la situación de excepción que se atravesó.

Las urgencias pasadas favorecieron la decisión en desmedro del debate y la argumentación. El espacio público y la comunicación política no han sufrido mayores restricciones formales pero no han florecido: la argumentación pública, la opinión de los ciudadanos comunes y de los expertos y el debate parlamentario todo ello previo a la adopción de decisiones y al establecimiento de prioridades y rumbos de gobierno no han sido la modalidad dominante.

La muy original modalidad de la competencia política para las elecciones nacionales del 28 de octubre: candidatos presidenciales autoproclamados amparados en su presunta popularidad y conformación en torno de ellos de coaliciones electorales en las que con frecuencia los socios compiten entre sí, nominación, en la mayoría de los casos, de candidatos a cargos parlamentarios como resultado de conciliábulos en torno del arbitraje del candidato estrella, exteriorización a lo largo de la campaña de tensiones significativas entre candidatos que se amparan en la misma etiqueta electoral, ilustran una escena de gran heterogeneidad que con frecuencia no presenta opciones discernibles para los electores y que, sobre todo, plantea el interrogante de qué sustento para gobernar ofrecen dichas coaliciones. La escasa o al menos poco inteligible diferenciación política para el ciudadano, aún informado, entre las diferentes ofertas va de la mano con el mencionado empobrecimiento de la argumentación y debate público y su consecuencia, la poca entidad pública –la mayoría son de conformación muy reciente– y homogeneidad de las fuerzas políticas existentes.

Los partidos tradicionales no compiten como tales y han jugado un rol marginal en la conformación de la oferta política, y esta marginalización de las identidades que monopolizaron la vida política en el pasado no puede ser considerada transitoria. Puede afirmarse que otros partidos o coaliciones más recientes, como el Frepaso, Acción por la República o Nueva Dirigencia también han tenido una vida efímera. Es decir que los lazos de representación han cambiado –parecen tener un carácter más circunstancial, configurándose con frecuencia ese vínculo en el momento de las campañas electorales– y se constituyen en buena medida en torno de liderazgos personales que suelen tener la plasticidad como para proponer una posición o actitud política que concita la adhesión ciudadana y no en torno de partidos orgánicos. Todo parece indicar que los partidos políticos omnipresentes no volverán a ser lo que fueron, y ello pese a cierta nostalgia de quienes conocimos esos tiempos y al empeño escolar de algunos cientistas políticos que piensan aún que ese formato está indisolublemente ligado a la existencia misma de la democracia.

No obstante la escasa cohesión, cooperación y concertación de quienes se han dado por vocación la actividad política y lo hacen bajo una común etiqueta constituye un problema mayor de la vida política.

La existencia de partidos políticos de nuevo cuño no es sólo un requerimiento para la organización de la competencia política electoral; el reconocimiento político y la legitimidad para decidir o actuar políticamente aunque tienen en las elecciones un hito decisivo, no se agotan en ella. Los ciudadanos contemporáneos reconocen a los gobernantes y representantes que han elegido, pero las decisiones de éstos deben ser de todos modos legitimadas cada vez, so pena de ver crecer una protesta que puede alcanzar la forma de la expresión pública del descontento. En esta nueva realidad de desconfianza ciudadana la argumentación y deliberación pública adquieren un lugar central. Es en el espacio público con el concurso de la comunicación política que se pueden intercambiar argumentos y madurar las decisiones, ese espacio tiene una función reguladora que permite a gobernantes y opositores medir las consecuencias de sus actos, la sintonía alcanzada con la opinión pública y, eventualmente, modificar el rumbo político para mejorar la representación.

En la Argentina, la ciudadanía está desprovista o liberada, según se aprecie, de identificaciones políticas permanentes, pero suele estar informada –con diferenciaciones socioculturales marcadas– y fluctúa en sus preferencias según lo que el debate público va presentando. Pero lo que falta dramáticamente en la vida pública son fuerzas políticas organizadas que puedan alimentar el debate público. No los partidos políticos del pasado, que probablemente no vuelvan a existir como antaño pues la ciudadanía no tiene en su mayoría lazos de identificación permanentes, ni vuelvan a tener el monopolio de la vida política y de la actividad cívica. La sociedad actual tiene actores múltiples que alimentan la vida pública, pero quienes tienen la aspiración de gobernar son actores específicos que deberían organizase como grupos nacionales con lealtades y afinidades en torno de un rumbo político. Este parece ser un déficit mayor, quizás el principal, para los tiempos que vienen, porque sin partidos, en el sentido actual del término, la competencia política se hace más imprecisa y, sobre todo, se plantea el grave interrogante de con qué recursos van a gobernar quienes tengan el favor del electorado.

El riesgo, si no hay organización partidaria elemental de los que gobiernan, y competencia política, es que el país aliviado de sus graves padecimientos pasados ingrese en un período de conformismo colectivo e incluso desinterés en los asuntos públicos, que hoy parece asomar, y que simplemente el asunto de quiénes gobiernan sea de interés menor. Ello puede suceder al tiempo que se acumulan demandas y descontentos no representados en la competencia política y que, si es el caso, pueden inaugurar un nuevo episodio en el divorcio entre representantes y representados.

* Profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA), investigador principal del Conicet.

Argentina: las elecciones y los dilemas del postneoliberalismo

por Carlos Abel Suárez

Extraído de la revista digital SinPermiso

El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en las pasadas elecciones del 28 de octubre no sorprendió a nadie en la Argentina ni en el resto del mundo. Esta vez, con pronósticos más o menos cercanos al resultado final, las consultoras de opinión no fallaron demasiado. Se podrá discutir largo sobre la explicación de las cifras alcanzadas por la segunda mujer que llegará a la presidencia argentina. La primera, de triste memoria, fue Isabel Martínez, la viuda del Gral. Perón. Nadie puede discutir seriamente que la clave principal del triunfo de CFK está en la economía. La rápida recuperación de la economía argentina en los últimos cuatro años hizo olvidar los momentos dramáticos de la depresión económica que, iniciada en 1998, fue profundizándose a lo largo de casi un lustro, demoliendo a su paso lo poco que había dejado en pie la obra depredadora del neoliberalismo, que se instaló a partir de 1976 terminando su tarea durante el largo período de Carlos Menem. Y como broche de oro, el hundimiento de la convertibilidad y la inevitable devaluación que pulverizó salarios e ingresos de los más pobres. En los últimos años la actividad económica tomó un ritmo del que se había perdido memoria; los trabajadores formalizados, que son algo más de lo que eran durante la crisis, pudieron discutir salarios, mejorando notablemente su situación aquellos que por las relaciones de fuerza con el capital se encuentran en condiciones de pactar condiciones de ingresos y condiciones de trabajo más ventajosas. Los que subsisten con empleos en negro mejoraron muy poco. El gobierno no fue pasivo en las negociaciones, y hasta los tribunales de trabajo, siempre sensibles al péndulo de la historia, dictaminaron a favor de los trabajadores en casos idénticos que en el pasado habían emitido un fallo exactamente contrario. Las tarifas de los servicios públicos, en general, una de las más elevadas del mundo – ya sea en dólares o euros – en los tiempos de Menem y de Fernando de la Rúa, fueron congeladas hasta hoy. Con políticas que pueden ser discutidas desde lo técnico, pero cuyo resultado final se mide en los bolsillos de los más pobres. Porque es una mentira absoluta que la depresión económica 1998-2002 fue sentida igual por los pobres y los ricos o los medio ricos. Lo mismo pasó con los efectos de la hiperinflación de 1989-1990. Los más ricos de la Argentina hicieron negocios espectaculares, siempre. Con hiper o con recesión. Los que estaban informados no cayeron en el corralito y encontraron refugio para sus capitales contantes y sonantes. De este modo volvieron con dólares cuando el peso estaba por el suelo. Y también tuvieron la fortuna de revalorizar sus activos inmobiliarios y el capital constante al momento de la recuperación de la actividad, al punto que los que entonces abandonaron las empresas – que tuvieron que ser gestionadas por sus trabajadores como una medida de supervivencia – hoy van a los tribunales a reclamar por los derechos de propiedad. Durante el tétrico enero de 2002, mientras algunos ejercitaban el trueque para sobrevivir y otros participaban de las asambleas barriales, algunos seguían su vida normal. Los restaurantes para el “target” ABC1 estaban repletos, algo que dejaba perpleja a una socióloga europea que había llegado a Buenos Aires para estudiar la rebelión popular. Certificando aquello de que a la vieja oligarquía argentina, devenida a través del tiempo en industrial o financiera, “no hay con qué darle”, o sea que es inmune a los sacudones del histórico serrucho de los ciclos económicos. No es cosa de discutir aquí qué parte del éxito económico actual ha de atribuirse a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner y qué parte corresponde factores extraordinarios de orden externo: precios y demanda en alza de los productos de los que la economía argentina es históricamente competitiva, así como el impacto en la Argentina del nuevo ciclo abierto en América Latina. Sin embargo, hay que destacar que el gobierno pudo reestructurar la deuda externa, considerando premisas que no habían sido abordadas por las anteriores negociaciones, siempre subordinadas a los dictados del capital financiero internacional. También aumentó a los jubilados – cuyos ingresos habían sido congelados y depreciados por más de una década—, al tiempo que comenzó tímidamente a desactivar la trampa de la jubilación neoliberal, con la posibilidad de retornar al sistema solidario de reparto, que la antigua legislación había bloqueado. Todos estos puntos deben ser sumados a la hora de preguntarse sobre los motivos del voto al kirchnerismo. Seguramente la diferencia entre el neoliberalismo y el posneoliberalismo sea totalmente insuficiente para los que solamente sueñan con la toma del Palacio de Invierno como el único camino del progreso. Obviamente, la economía no se traduce en la política automáticamente, sin mediaciones y matices. El oficialismo diseñó una ingeniería electoral para llegar a casi el 45 por ciento de los votos. La novedad de este proceso electoral está en que la oposición no tuvo otra estrategia que la dispersión del voto y la incoherencia. Dicho de otro modo, la oposición trabajó en todo momento para Kirchner. Un primer resultado de este cuadro fue le inexistencia del debate político en la campaña, la inevitable disolución de las ideas en el slogan, en la técnica publicitaria. Al punto que si computamos los pesos contenidos en cada voto, de acuerdo a lo gastado por los candidatos, Jorge Sobisch –el asesino del maestro Carlos Fuentealba— y Alberto Rodríguez Saá, tienen los mayores problemas para explicar el origen, el monto y el sentido de lo “invertido”. Finalmente, una campaña deslucida, aburrida como pocas, llevó a profundizar la anomia ciudadana. Grave, por cierto, para la recuperación de la centralidad de la política, un motor decisivo para el derrotero del posneoliberalismo. Cualquiera que sea la profundidad de los cambios democráticos que se pretendan, abandonar el terreno de la política y de la movilización del pueblo es la mejor contribución a la llamada crisis de representación, que antes que nada es la certeza de las ciudadanas y los ciudadanos de que las cosas importantes se cocinan fuera del espacio público. En efecto, fueron a votar solamente un poco más del 71 por ciento de los que figuran en el padrón, es decir, que los que no sabemos cómo piensan constituyen el partido mayoritario del país. Un hecho casi inédito, o por lo menos, del que no se tenía noticia desde 1928, en la Argentina, pero ya repetido en otras partes. Aunque, de todo el espectro político, es a la llamada izquierda a la que el espejo del 28 de octubre devuelve la imagen del peor fantasma. Fragmentada en centenares de grupos, cada uno con su gurú, repite un discurso que sirve para todos los tiempos. De este paisaje desolador habría que destacar, sin embargo, el novedoso lanzamiento de Fernando “Pino” Solanas, quien con tres meses de campaña alcanzó a concitar alguna expectativa, así como la reelección de Claudio Lozano, economista de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que difícilmente se habría concretado sin un proyecto más abarcativo que la disputa local en la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que Lozano había ingresado en la Cámara de Diputados como primer candidato de una de las listas que llevó al ex frepasista Aníbal Ibarra al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el período que se abre, Pino Solanas podría ser el eje de la reconstrucción de un proyecto de centroizquierda bien definido, en la medida que pueda expresar un programa más amplio que la consigna de recuperación del patrimonio nacional, importante por cierto, pero insuficiente como articulador del gran debate aún pendiente en las corrientes que se autodefinen como progresistas. Es, posiblemente, el gran espacio vacante en la política argentina. Tras las elecciones, Elisa Carrió, la segunda fuerza electoral a varios millones de votos de distancia de CFK, ha ratificado la apuesta de disputar el espacio del centro derecha con Mauricio Macri. Carrió cree que izquierda y derecha son conceptos del pasado. Sin embargo, los hechos son más tozudos que el concierto de los posmodernos que la rodean. En los cuatro próximos años, Cristina Fernández de Kirchner estará obligada a demostrar si expresa en lo económico y en lo político el curso hacia el posneoliberalismo. Para ello tiene que cambiar la matriz de acumulación o, como otros prefieren decir, una nueva estrategia de desarrollo. De no lograrlo, o por lo menos intentarlo, la Argentina – poco más o poco menos próspera – será igual o parecida a la del primer centenario. Habrá dejado pasar una de esas coyunturas internacionales que permiten diseñar todo de nuevo.